El contexto de la problemática de la vivienda de interés social en Chile: De los conventillos a la segregación urbana.

El problema de la vivienda se remonta a los primeros periodos de expansión urbana de ciertos polos de desarrollo minero y manufactureros en nuestro país a finales del siglo XIX (Hidalgo, 2002) En el contexto de un creciente desarrollo y la consecuente atracción que la ciudad ejercía sobre las personas por la posibilidad de trabajo y oportunidades, la migración del campo a la ciudad tiene su auge y las ciudades no está preparada para recibir a todas las personas que comienzan a habitarla. Así empiezan a emerger los conventillos, cités y mejoras. Las malas condiciones de estos asentamientos, su insalubridad y su hacinamiento, además de la pobreza de los habitantes de estos asentamientos, son elementos que se conjugan para dar origen al fenómeno de la “cuestión social”, y en ese contexto es que comienza a desarrollarse una preocupación por parte del Estado y de organizaciones privadas por la solución habitacional de los grupos obreros, y el aseguramiento de ciertas condiciones básicas de vida.

Ya comenzado el siglo XX tenemos las primeras leyes y normativas que se hacen cargo del problema de la vivienda. Tanto en la dimensión de la salubridad e higiene, como en la dimensión del déficit. La primera data de 1906, la Ley de Habitaciones Obreras, y posteriormente en 1925 se promulga la Ley de Habitaciones Baratas y la Ley de Arrendamientos. Sin embargo, estas leyes no logran paliar el déficit, y por el contrario, con sus estándares de salubridad y la consecuente demolición de los conventillos que no los cumplen, la situación de déficit se acrecienta (Hidalgo, 2002).

Además del estado organizaciones como sociedades de beneficencia católica, y el mismo emprendimiento privado también se involucran en el incipiente mercado de vivienda de interés social. Posteriormente avanzado el siglo XX, con la Ley de Habitaciones Baratas, se propicia la construcción a través cooperativas de vivienda. Tampoco la acción de estas organizaciones pudo subsanar el déficit.

Hasta los años 60s se sigue en una dinámica que busca a través de créditos y préstamos por parte del Estado, fomentar la construcción de viviendas, estimulando el interés de las empresas inmobiliarias. En el año 1965 surge el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), que agrupa a las más de 25 instituciones que están relacionadas con la provisión de vivienda –y que dependen de variados ministerios-, dando origen a la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) “empresa autónoma del Estado, una de cuyas principales funciones es mejorar y renovar las áreas deterioradas de las ciudades, mediante programas de rehabilitación y desarrollo urbano.” (MINVU, s/f).

Es desde este momento, y con un mayor énfasis, en los años 70s, cuando el Estado se hace parte más fuertemente de la provisión de vivienda, de la rehabilitación de barrios y del equipamiento urbano y de servicios que estos deberían tener. Ya en el gobierno de Eduardo Frei Montalva “los programas habitacionales de carácter popular incorporan escuelas, centros asistenciales y campos deportivos, entre otros” (MINVU, s/f).

Sin embargo, tras el golpe militar de 1973, las políticas del Estado cambian en diferentes ámbitos, uno de ellos es el de la política habitacional. Pese a no ser una de las 7 transformaciones clave de la transformación del Estado que se lleva a cabo durante la dictadura (Farías, 2014), existe un cambio profundo en cuanto a la provisión de vivienda de interés social, que en pocas palabras podría expresar en que el Estado pasa de un subsidio a la oferta, a un subsidio a la demanda (Held, 2000).

Esta nueva política se caracteriza por la “falta de planificación”, la que es descrita por Farías (2014) como una improvisación, una manera de hacer política pública propia del neoliberalismo que se instala el Chile de la mano de los “Chicago Boys”, además de tener un fuerte acento en el mercado, el que organiza este mercado específico, y la consecuente retirada del Estado de él. Los lineamientos y supuestos detrás de estas transformaciones a la manera de abordar el problema de la vivienda, han definido y marcado fuertemente la manera en que se enfrenta hoy, ya que no ha existido un cambio sustancial, ni se ha ideado o implementado otra manera de concebir la política pública que fue instaurada desde la dictadura. Esto principalmente se atribuye a sus buenos resultados respecto a la notable y gran reducción del déficit, lo que ha permitido que esta manera de hacer las cosas sea concebida como exitosa.

No obstante lo anterior, el éxito de la reducción del déficit habitacional, ha enmascarado problemas de calidad de las viviendas, segregación socio-espacial, lejanía de servicios y oportunidades (Hidalgo, 2007) y por ende un detrimento en la calidad de vida de los sectores de menos recursos. Es de especial interés el problema de la segregación, pues conlleva una serie de problemáticas sociales que son muy difíciles de abordar, y sobretodo de revertir. Pese a que las tendencias segregadoras de las políticas habitacionales han sido más la norma, y las políticas integradoras una excepción, con la alta producción de viviendas en los años noventas, se profundizó y consolido la preferencia por suelo periférico e incluso rural para proveer techo a quienes carecían de este, y la lógica de las economías de escalas de muchas constructoras dieron origen a bolsones de pobreza totalmente aislados de los servicios y oportunidades de la ciudad que hoy ponen en tela de juicio la política habitacional que se ha llevado a cabo en las últimas décadas. Así es como surgen poblaciones como Bajos de Mena, que hoy están en proceso de demolición.  

Estos problemas no han conllevado a un cambio en la manera de concebir la política habitacional, como ordenada desde el mercado, pero si ha generado el surgimiento de una serie de regulaciones y subsidios que buscan paliar las consecuencias negativas de la desregulación de este mercado.

Subsidios como el de localización o el de ampliación de la vivienda, así como los requerimientos mínimos de materiales y metraje cuadrado, asimismo el surgimiento de las EGIS, son algunas expresiones de estas regulaciones y dispositivos que buscan mejorar la provisión de vivienda de interés social en Chile, y que en el desarrollo de la investigación a la que esta contextualización da origen pretenderé comprender, en tanto a sus relaciones e impactos en la vida de las personas así como en la ciudad y el espacio construido, siempre desde la perspectiva de la sociología de los mercados.

Referencias:

Farías, I. (2014). "Improvising a market, making a model: social housing policy in Chile". Economy ando Society.

Held, G. (2000). "Políticas de vivienda de interés social orientadas al mercado: experiencias recientes con subsidios a la demanda en Chile, Costa Rica y Colombia", CEPAL - SERIE Financiamiento del desarrollo.

Hidalgo,  R. (2002). "Vivienda social y espacio urbano en Santiago de Chile. Una mirada retrospectiva a la acción del Estado en las primeras décadas del Siglo XX". Revista EURE, v.28 n.83, Santiago.

Hidalgo, R. (2007)."¿Se acabó el suelo en la gran ciudad? Las nuevas periferias metropolitanas de la vivienda social en Santiago de Chile". Revista EURE, v.33 n98, Santiago.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (s/f). "Historia del ministerio de Vivienda y Urbanismo". Recuperado el 11 de agosto de 2014, de http://www.minvu.cl/opensite_20061113164636.aspx